¿Qué es la objeción de conciencia?


Autor: José López Guzmá
Nº Páginas: 110
Precio: 9.00€
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López Guzmán, director del Master de Bioética de la Universidad de Navarra, se centra en la cuestión con un estilo inconfundiblemente sencillo: mediante el método de pregunta-respuesta, de tal forma que cada uno de sus capítulos constituye una contestación breve y concisa al interrogante que se plantea al inicio. Más aún, antes de desarrollar siquiera la réplica, el autor la enuncia –siempre- en una sola frase, lo cual facilita al lector la comprensión del tema. Y para cerrar el capítulo se incluye una pregunta-resumen, como un ejercicio.

Así, la primera pregunta, “Si me obligan a hacer una acción que no quiero realizar, ¿puedo no actuar?”, viene seguida por una respuesta: “Dependerá del tipo de acción y del motivo que sustente la omisión”. El autor expone luego en qué casos resulta admisible alegar objeción de conciencia: aquellos en los que existe un dilema real entre seguir una norma externa o hacer caso al dictado de las propias convicciones.

El siguiente punto se detiene en la reflexión de que a lo largo de la historia muchos individuos han preferido seguir su conciencia por encima de las leyes. Y las autoridades del momento no siempre han respetado tales preferencias. Es el caso del soldado Mauricio en tiempos del imperio de Maximiano o el de Tomás Moro en el siglo XVI.

Hay una correspondencia bastante exacta entre objeción de conciencia y omisión legal. Es decir, cuando un país admite legalmente la objeción de conciencia suele reconocer también el derecho de los ciudadanos a no realizar una acción por razón de su criterio personal.

¿En qué consiste la objeción de conciencia? En el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal cuya ejecución produciría una grave lesión en su conciencia. Se trata de no actuar en una ocasión concreta. En el fondo, su existencia es una prueba de la libertad ideológica y del deseo de integrar mayorías y minorías, y en España la Constitución de 1978 la garantiza siempre y cuando se respete el límite que asegura el orden público.

Una cuestión decisiva para comprender la objeción de conciencia es tener en cuenta que sólo pueden apelar a ella quienes tienen una obligación clara y real de realizar una determinada acción. Dicha obligación, pues, debe ser de tipo personal y ha de concernirle a él directamente.
No es sólo por razones religiosas. La objeción de conciencia puede plantearse también por motivos éticos, morales, profesionales o axiológicos. Eso sí, éstos tienen que afectar vitalmente al objetor.

Pero la objeción de conciencia no posee una validez absoluta. Tiene una serie de fronteras: las que le exigen la seguridad jurídica, el orden público y la igualdad entre las personas. Ellas son prioritarias.

Conviene recordar que habrá veces en que la objeción no será legal porque las situaciones en que se desee aplicar no estarán contempladas en la constitución del país. Más aún, cada uno de los Estados que reconoce la objeción de conciencia decide si ésta se encuentra condicionada o, por el contrario, si su validez es absoluta desde el mismo momento de la declaración disidente.

La objeción de conciencia está al margen de cualquier finalidad política, pues en realidad sólo se esgrime como argumento de legítima defensa. No pretende alterar la decisión de una mayoría ni atraer hacia sí fama banal. De hecho, si entendemos la desobediencia civil como hay que entenderla –como manifestación de insumisión ilegal al Derecho, pero siendo fieles al régimen instaurado-, comprenderemos también que la objeción de conciencia no se equipara a ella, porque no busca la anulación de ninguna norma y su estrategia defensiva sólo alega motivos morales. Es la diferencia entre Martin Luther King y Gandhi.

Gracias a la objeción de conciencia se pueden resolver, de manera tolerante, muchos problemas de integración entre mayorías y minorías. Lo complicado es distinguir cuándo la demanda de una minoría merece la misma consideración que la de otra minoría. Lo cual no quiere decir que para beneficiarse de la objeción de conciencia haga falta pertenecer a un grupo determinado.

¿Qué clases de objeción de conciencia son las más comunes? Por un lado, la que se refiere al servicio militar obligatorio, tan polémica a lo largo de la historia mundial; por otro, la que guarda relación con las prácticas u oficios religiosos, tales como evitar la ingesta de carne en unas fechas concretas, la idolatría o la obediencia a la ley civil antes que a la religiosa; y por último, la que afecta a pacientes y profesionales en cuestiones sanitarias (aborto, eutanasia, métodos anticonceptivos, transfusiones sanguíneas).

Existe incluso la llamada objeción de conciencia sobrevenida, que no nace cuando el profesional se plantea inicialmente realizar una acción, sino más adelante, durante el transcurso de ésta, cuando aumenta el grado de conocimiento de la actividad. También en estos casos la objeción posee validez.

La objeción de conciencia está pensada para ocasiones puntuales. Tiene un carácter excepcional: a ella acuden minorías. Si resulta que en un país democrático muchas personas se están acogiendo a ella –por ejemplo los farmacéuticos, para evitar vender píldoras del día después-, entonces el problema probablemente está en la ley o medida que impone ese sistema democrático, por ir en contra del sentir general.

En casi todas las democracias existen unas condiciones que se aplican al objetor: siempre que éste logre su propósito de omitir una acción en materia de sanidad, por ejemplo, tendrá el deber de facilitar al paciente o usuario una vía para satisfacer su demanda; el objetor tampoco podrá hacer uso de la violencia o la amenaza para intentar convencer a otros de sus propias opiniones, pues su deseo no es cambiar la legislación, sino actuar conforme a su conciencia, nada más.

Objeción de conciencia no equivale a objeción de ciencia. Ésta es una forma de resistencia ante un conflicto de deberes ineludibles y exclusivamente legales: busca la solución a ese problema en la praxis mediante un respaldo legal.

Por último, en la pregunta número 23, López Guzmán se refiere a la Iglesia Católica para explicar cómo esta institución ha defendido la objeción de conciencia desde sus comienzos. A partir del Concilio Vaticano II se han asegurado esas bases en diversos textos: “Ante leyes ilícitas se debe presentar y reconocer la objeción de conciencia” (encíclica Donum Vitae, 1987). Así ha sido en temas como la guerra la eutanasia, el aborto y determinadas actividades políticas.

Despreciar la libertad de conciencia del sujeto, concluye López Guzmán, supone un atentado a su dignidad. En cambio, advertirla y defenderla ayuda a que la legalidad contemple la objeción de conciencia y, por tanto, consolide una sociedad democrática.