23 Abril 2009
Autor: ABC Editorial - #462 - Categoría: Cultura de la Vida

¡Pero qué pesados son estos antiaborto, estos provida! ¡Qué pesados! Pues sí señor. Si es que ustedes hacen hablar a un muerto, con sus planteamientos aberrantes, verdaderamente delictivos. ¿Cómo se puede negar la vida, por ejemplo, a un embrión, cuando dentro de tres semanas se le van a distinguir hasta las uñas de las manos y de los pies? ¿Cómo se puede tener el rostro de establecer una ley de plazos? Y lo malo es que todo se cuece entre los políticos y unos “comités de expertos”… muy poco reputados. Y luego, si va en el pack de un programa de un partido, todos a defenderlo, o al menos a no atacarlo. Añadan el condimento de una buena campaña en los medios y el plato está servido.

Si no hay un sustrato ético, la democracia se desvanece, se convierte en un simple juego de mayorías y minorías. En el caso que nos ocupa se da o se quita la vida por alzada de mano. El ser humano se erige en caprichoso tirano sobre la vida y la muerte.

Otra consideración que me hago es ésta: si esto pasa con algo tan salvaje como el aborto (seremos famosos, negativamente, dentro de unos siglos), ¿que sucederá con otros aspectos de la moral, que se verán contagiados al faltarles el suelo ético?

El ciudadano de a pie no va por estos caminos. Estoy seguro de que más de un Estado vería tambalearse su tingladillo abortista si se hiciera un verdadero referéndum libre sobre el derecho a la vida.

¡Qué huecas y qué vacías suenan las palabras de las personas responsables de la cosa pública y sus congéneres cuando hablan neciamente como si Dios no existiese!

Reproducimos en este sentido un editorial de ABC del 20 de abril.
 

Una gran mayoría social rechaza la nueva ley del aborto que impulsa la ministra de Igualdad siguiendo instrucciones directas del presidente del Gobierno. La movilización contra el proyecto que Bibiana Aído pretende llevar al Congreso de los Diputados antes del verano demuestra que la sociedad española no está dispuesta a transigir en una cuestión que afecta a la conciencia de millones de personas. El Ejecutivo pretende sin duda camuflar una crisis que nos acerca a los cuatro millones de parados con una iniciativa que el PSOE eludió cuidadosamente en su programa electoral y que renace ahora ante la soledad parlamentaria de los socialistas como un guiño hacia la izquierda radical. Es lamentable que el derecho a la vida y la dignidad de la persona se pongan en cuestión por un interés partidista y una ideología dogmática que choca con los principios éticos y jurídicos, así como con las evidencias científicas.

Hay múltiples razones para rechazar el aborto, un verdadero drama personal y un fracaso para toda la sociedad que perjudica siempre a los más débiles. Es una falacia defenderlo en base a un supuesto derecho de la mujer sobre su propio cuerpo cuando la decisión de abortar, adoptada casi siempre en circunstancias muy difíciles, deja graves secuelas físicas y psicológicas. Según la doctrina científica más solvente, el origen de la vida se sitúa en la concepción, como sostiene con todo rigor el manifiesto de Madrid, suscrito por eminentes investigadores a los que la ministra acusó -de forma insólita- de practicar la demagogia. Por todo ello, el nasciturus goza del derecho de ser protegido según los criterios jurídicos ya consolidados. Al parecer, ningún argumento es suficiente frente a la postura del Gobierno. Es lamentable, en efecto, que la ministra no quiera escuchar a los verdaderos expertos y que no esté dispuesta a atender al clamor social reflejado en la calle por muchos miles de ciudadanos. La ley vigente de despenalización del aborto en determinados supuestos se sitúa ya -según el TC- en el límite máximo que admite la Norma Fundamental y su aplicación en la práctica permite excesos que solo benefician a los titulares de negocios lucrativos. No obstante, el PSOE ha preferido evitar las opiniones fundadas de científicos y juristas para organizar una subcomisión parlamentaria y unos comités de expertos afines a la causa partidista. La democracia es un régimen de opinión pública y resulta obligado que los gobernantes atiendan la expresión rotunda de los ciudadanos que, según informa hoy ABC, tienen previstas nuevas acciones en los próximos meses. Los argumentos de quienes defienden la vida quedan así confirmados por una amplia mayoría social. Es una grave falsedad atribuir a la Iglesia y a cualquier sector contrario al aborto desde posiciones humanistas el deseo de que las mujeres que abortan vayan a la cárcel. Frente a los dogmas ideológicos, la sociedad española muestra una vitalidad que rechaza las manipulaciones interesadas y las maniobras partidistas. En lugar de utilizar de cara a la galería el término «democracia» venga o no venga a cuento, el Gobierno debería prestar atención a esta expresión rotunda de la voluntad de la mayoría.